El órgano jurisdiccional envía la documentación al Departamento de Partidos Políticos para que valore si las donaciones obligatorias que se exigían a los simpatizantes para pagar la deuda de la formación suponen una infracción grave

El Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si las «donaciones obligatorias» que Más Madrid exigía a sus simpatizantes, asesores y vocales vecinos (delegados de la formación en los plenos de los distritos del Ayuntamiento de Madrid) eran o no ilegales. El fiscal jefe de este órgano jurisdiccional, Manuel Martín-Granizo Santamaría, en un escrito al que ha tenido acceso ABC, ha pedido a la presidenta del Tribunal que envíe la documentación ya revisada por su equipo para que realice el «control externo de la actividad económica-financiera» del partido liderado por Íñigo Errejón y Rita Maestre.

Según también han confirmado a este diario fuentes del propio organismo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió las «diligencias preprocesales» del caso tras la denuncia que presentaron hace ahora dos semanas los ediles díscolos de Más Madrid.

Como ya avanzó ABC, en el escrito presentado, los tres concejales del Grupo Mixto Recupera Madrid –como han denominado a la nueva plataforma tras escindirse– adjuntaron conversaciones peritadas de Telegram y correos electrónicos en los que se muestran las coacciones a las que eran sometidos los que se negaban a pagar la llamada «carta financiera».

Ceses ilegales

Tanto es así que al menos tres sentencias judiciales previas acreditan que la formación cesó de manera ilegal a todos aquellos simpatizantes que se negaron a resarcir la deuda generada por una desorbitada y precipitada campaña electoral en la que Más Madrid se transformó en Más País para concurrir en las elecciones generales del 10-N. En total, acumularon una deuda de 550.000 euros y apenas consiguieron dos escaños por Madrid (el tercero era de la cuota de Compromís). Es esta la razón por la que desde la facción regional madrileña se activó la fórmula de la «carta financiera», con el fin de sufragar con parte de los sueldos públicos la devolución de los microcréditos destinados a la campaña.

La que fuera mano derecha de Manuela Carmena, Marta Higueras; el excoordinador general de la alcaldía y sobrino nieto de la exjuez, Luis Cueto; y el exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se negaron a que los vocales vecinos –que cobran entre 400 y 900 euros– y los asesores del grupo municipal pagasen esa cuota encubierta, ya que era periódica y ascendía al 13% de la remuneración percibida. Reclamaron que solo los altos cargos y concejales electos hiciesen esos pagos, y que para el resto de simpatizantes la cuantía fuera voluntaria y con opción de que fuese donada a la causa altruista que cada uno estimase oportuno.

Los denunciantes arguyen que el artículo 2 de la ley de financiación de partidos indica que «las cuotas y aportaciones» solo pueden realizarlas los afiliados. Solo incluye como excepción a los puestos que «tengan condición de electos o altos cargos de todas las administraciones públicas». Carmena y Errejón impulsaron la marca Más Madrid como un partido instrumental para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas del 26-M. Tras la dimisión de la exalcaldesa, Maestre promovió la creación de las estructuras clásicas de un partido tradicional. Es por eso que muchos de los que acabaron denunciando en los tribunales a sus excompañeros rechazaron contribuir a financiarlo. Y al menos nueve de ellos acabaron siendo destituidos como represalia por no hacer las donaciones requeridas.

Pero los frentes judiciales de Errejón y Maestre no acaban aquí. Los carmenistas también denuncian que los dirigentes de Más Madrid realizaron una «asamblea ficticia» y elevaron ante notario las actas para la creación de la marca Más País. Un hecho que el PP ya ha anunciado que pondrá en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

En ese sentido, El artículo 4 de la ley de financiación de partidos políticos fija que la irregularidad elevada al Tribunal de Cuentas «es una falta muy grave que se puede sancionar con el doble o hasta cinco veces la cantidad recaudada ilegalmente». Desde diciembre de 2020, la formación ha recopilado 60.000 euros provenientes de estas «donaciones» forzosas. Por lo tanto, de acuerdo con la multa que fija la normativa, Más Madrid podría ser condenado a pagar una multa de entre 120.000 y 300.000 euros.