El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión celebrada este miércoles, el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Omnibus.

Se trata de una reforma legal que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.

El texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación parlamentaria y culmine con su entrada en vigor, según ha informado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

El consejero madrileño ha indicado que se han recibido 600 alegaciones a la misma en el período de consulta pública y ha asegurado que se han atendido “bastantes”. Además, ha hecho hincapié que se continuarán aportando modificaciones en el período de enmiendas en la Cámara regional.

La decisión de Ejecutivo regional de validar la Ley Omnibus llega después del dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de un periodo de audiencia e información pública. Durante este proceso se recibieron unas 600 alegaciones que han permitido mejorar el texto elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa.

Con esta norma, el Ejecutivo madrileño calcula un ahorro anual de un millón de euros para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

Los objetivos de las reformas de la Ley Omnibus son “impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”. Para su tramitación, se ha optado por la vía de urgencia para “dar una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña”.

Gestión en Sanidad

Por parte de la Consejería de Sanidad, el proyecto de Ley contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS. Su finalidad es la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo. También se prevé que se pueda eximir del requisito de nacionalidad a ciudadanos extracomunitarios en categorías estatutarias, cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria.

De esta forma, en aras de proteger el interés general, se cubrirían necesidades asistenciales y el déficit de profesionales en Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Summa 112, en aquellas categorías en las que se requiera la titulación de licenciado o grado en medicina y título de una de las especialidades en Ciencias de la Salud.

En materia gestionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Ley Omnibus permitirá con su entrada en vigor “mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI)”.

Reforma de la Ley del Juego

En el ámbito de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se recoge la reforma de la Ley del Juego, que refleja, entre otras medidas, una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada. También se revisa el sancionador, se establecen políticas de juego responsable y se contemplan acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control.

En relación con la prevención, extinción de incendios y salvamentos, se revisan las condiciones de la carrera profesional del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, para garantizar la óptima cobertura de los servicios que prestan, han explicado desde el Gobierno regional. Asimismo, con el objetivo de “aumentar su eficacia y calidad”, se dota al Cuerpo de Agentes Forestales de un grupo técnico y de mando.

En cuanto al contenido de la Ley, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, esta incluye una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, “para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras y la inversión”.

Política de subvenciones

A través de la Ley Omnibus, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo introduce cambios en la Ley regional de Tasas y Precios Públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.

Además, “y para una mayor eficacia y eficiencia en el gasto público, se establece un mandato al Consejo de Gobierno para que revise la política de subvenciones y ayudas, de manera que éstas últimas se otorguen valorándose el cumplimiento de los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos”.

Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de “crear mancomunidades de interés general y simplificando el procedimiento para el cambio de sus estatutos”.

Infraestructuras, cultura, turismo y deporte

La Consejería de Transportes e Infraestructuras adapta la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y, además, se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar. Inicialmente este texto normativo iba a incorporar también la modificación de la Ley de Transportes regional incluyendo, entre otras, medidas que afectaban a los taxistas y a los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Esta inclusión generó el rechazo del sector del taxi y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acordó en una reunión con las entidades del sector extraerla y que tenga su tramitación al margen.

En materia de Deporte se dota de mayor seguridad jurídica a su profesionales para que puedan mantener su actividad hasta la entrada en vigor del reglamento que las desarrolle, sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener los trabajadores del sector, cuya finalidad es proteger la salud de los ciudadanos.

Por su parte, “se refuerza la protección a los menores y adolescentes con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo”.

Por último, se destaca que el proyecto de Ley aprobado atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas.