«Los nuevos libros de texto no llegarán para septiembre de 2022», es la advertencia que ha pronunciado el consejero de Educación y portavoz del Gobierno de Madrid Enrique Ossorio.

Se refiere con ello al retraso que lleva el Gobierno central en redactar y aprobar el decreto que regula los nuevos contenidos de estos libros de texto, adaptados a la Ley Celaá.

A su juicio, se llega tarde y eso va a impedir a los profesores que puedan programar el curso con normalidad. Por eso, piden al Gobierno central que retrase hasta el curso 2023-24 la entrada en vigor de los cambios en los currículos educativos.

De acuerdo con sus datos, el Gobierno madrileño sólo tiene el borrador de los textos de Primaria y sabe que este miércoles se está hablando de Educación Infantil, pero no saben nada de los de Bachillerato y ESO.

«Estamos super retrasados», insiste Ossorio. Este decreto deberá pasar por el Consejo de Estado, por la Comisión de Subsecretarios y llegar por fin al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior publicación en el BOE. Algo que no prevé que pase hasta diciembre.

Sólo después de que esto ocurra, podrá la Comunidad Autónoma elaborar sus propios decretos, que afectan al 40 por ciento de los contenidos de los libros. Lo que va a suponer que «mientras el Gobierno Central ha tenido un año para hacer sus decretos, las comunidades vamos a tener sólo unas semanas». Su cálculo indica que tramitándolo por vía ordinaria, «no estarían hasta mayo», y si lo tramitan por la vía de urgencia, «estarían en abril».

A partir de ese momento, los editores tendrán que iniciar la elaboración de los libros de texto, lo que también llevará su tiempo «teniendo en cuenta que hay asignaturas nuevas y que cambian muchos contenidos». Ya con ellos, los profesores tendrán que hacer su programación didáctica para el curso. Ossorio teme que «después nos echarán la culpa a nosotros, a Madrid».

Lo dice con un ejemplo reciente: «En julio de 2020 el Gobierno central dijo que nos iba a dar ordenadores para los alumnos en situación vulnerable. No llegaron para el inicio del curso ni para navidades, y la entonces ministra Celaá nos dijo que llegarían en marzo. Pero tampoco. Luego se nos dijo que en julio, y tampoco. Llegaron finalmente en septiembre, y el grupo del PSOE en la Asamblea tuvo la desfachatez de decir que la culpa era nuestra porque tardamos un mes en gestionarlo, cuando el Gobierno central tardó 13 meses».

El enfrentamiento entre el Ejecutivo central y el madrileño es total en relación con la nueva Ley de Educación, popularmente conocida como Ley Celaá. Hasta el punto de que Madrid ha llevado a la Asamblea una norma regional, la Ley Maestra, que tiene como objetivo principal blindar la enseñanza concertada y proteger el modelo madrileño frente a algunos de los cambios que introduce la nueva ley estatal, siempre dentro de sus competencias.

Otro de los puntos de fricción es el relativo a los exámenes de recuperación de junio, que según la norma estatla desaparecerán. Pero el decreto que lo incluye todavía no se ha aprobado, con lo que el curso se ha iniciado con los centros escolares aplicando la normativa actualmente aún en vigor, y recogiendo en su programación estos exámenes de junio.

En este momento, recuerda Ossorio, saben porque «lo han leído en la prensa que esos exámenes se van a suprimir, pero la ley que está en vigor aún no lo recoge», una situación de confusión total. «Esta gente lo hace todo mal y tarde», ha valorado Ossorio, en referencia al Gobierno central.

Si finalmente ese decreto recoge la posibilidad de ampliar un año más la celebración de estos exámenes de recuperación en junio, Madrid se acogerá a la excepcionalidad y los mantendrá, ha asegurado Ossorio. Que además adelanta que buscan otras fórmulas alternativas que les permitan que pervivan otros cursos estas pruebas.