Son pisos de dos dormitorios y con una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados. Su precio a la venta podría llegar casi a los 300.000 euros, si atendemos a la valoración que ofrecen los portales inmobiliarios en la zona. 48 de ellos se encuentran emplazados en el corazón de Madrid, en el madrileño barrio de Lavapiés.

La Comunidad de Madrid los había destinado para agentes de la Policía Nacional que quisieran instalarse en Madrid, pero el Ministerio del Interior ha rechazado la oferta del Gobierno de Díaz Ayuso, aseguran desde el ejecutivo madrileño.

Similares características tienen las 33 viviendas situadas en la localidad de Ciempozuelos, en el sur de Madrid. Éstas están destinadas, en principio, para la Guardia Civil, pero tampoco llegan a sus destinatarios.

«Hemos encontrado muy buena disposición tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, pero cuando se ha llegado a un nivel superior, a la fase en que simplemente ya se necesitaba la rúbrica para la cesión de patrimonio de la Comunidad al Ministerio del Interior, es cuando hemos encontrado los obstáculos», asegura David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras y responsable de Vivienda en la anterior legislatura.

«En el caso de la Policía Nacional no se ha llegado a un acuerdo, por ahora, pero tengo confianza en que todavía se pueda retomar con la Guardia Civil. En la zona donde se ofrecen las viviendas hay necesidad de alojamiento y no hay una justificación para que no se proceda a la firma. Confío en que esto no sea un desencuentro definitivo y que pueda haber un margen para reconducir esta colaboración», añade el consejero.

La Comunidad de Madrid asegura que desde este último año y medio, (noviembre de 2019 hasta el pasado 20 de Abril de 2021), fecha del último contacto, «han sido hasta 13 las ocasiones en que la Comunidad de Madrid se ha dirigido a las dos Instituciones, manteniendo encuentros presenciales y reuniones, o remitiendo cartas y borradores de Convenios para la cesión de las viviendas tanto a la Guardia Civil como a Policía Nacional, que han sido imposibles de culminar», señalan.

El problema para que se pueda materializar la cesión de los pisos radica en que «ni Delegación de Gobierno ni el Ministerio del Interior quieren suscribir un Convenio que permita la cesión legal y ordenada de las viviendas, tan solo acceden a la firma de un Protocolo General o en otros casos argumentan que no tienen departamentos que les permitan gestionar las viviendas recibidas. No hay una clara postura de colaboración entre ambos Cuerpos con la Comunidad de Madrid», añaden las mismas fuentes.

La presidenta de la Comunidad adquirió el compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de colaborar en que eligieran Madrid como destino. La región tiene un déficit de Guardia Civil y Policía Nacional estimado en 2.500 efectivos. De hecho, son ya unos cuantos los cuarteles de la Guardia Civil que se han cerrado en algunas localidades por falta de efectivos, especialmente en los municipios más pequeños de la Comunidad, lo que tiene un impacto en la seguridad.

Por eso uno de los objetivos del Gobierno regional es facilitar el arraigo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El elevado precio de la vivienda en la capital madrileña es uno de los factores disuasorios que pueden suponer un freno para la elección de la capital madrileña como destino laboral de los agentes. Por eso, desde el Gobierno regional se pensó que esta medida podría atraer a un mayor número de efectivos y de esta manera disponer de una mayor y mejor seguridad en la Comunidad al haber más refuerzos.

En septiembre pasado, el Gobierno de Díaz Ayuso también incluyó a los hijos de guardias civiles y policías nacionales como beneficiarios del precio reducido del menú escolar que ofrecen los colegios de titularidad pública. Así, estos alumnos pueden disfrutar del menú al precio de 3 euros, lo que supone una reducción de 1,88 euros por cada comida dado que el precio en gran parte de los centros públicos está estipulado en 4,88 euros.

Los precios se encuentran equiparados al que pagan las familias con condición de víctima del terrorismo o de violencia de género, a aquellas que tienen una renta inferior per cápita de 4.260 euros o aquellos estudiantes que se encuentran en situación de acogimiento familiar.

Además, el Gobierno de Díaz Ayuso ha ofrecido de manera gratuita toda la red de transporte de la Comunidad de Madrid. De hecho, «está siendo utilizada diariamente por 3.500 policías y guardias civiles», asegura David Pérez.