El Gobierno regional compensará con sus propios recursos a 25 sectores excluidos en la lista aprobada por el Ejecutivo central

Las ayudas llegarán, entre otros sectores, a bares, restaurantes, comercios, taxistas, academias, peluquerías y salones de belleza o talleres

Los requisitos para acceder son los que ha fijado el Estado con la publicación su Real Decreto Ley

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de hoy a la convocatoria de 899,2 millones de euros en ayudas a las pymes y autónomos de la región que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la pandemia.

En esta cifra se incluyen 220 millones de euros con cargo a los propios fondos del Gobierno madrileño, junto al resto que financia el Estado, para compensar a los sectores excluidos por el Ejecutivo central.

La normativa estatal preveía dar respaldo económico a 95 sectores, pese a que otros muchos también se han visto afectados por las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. De esta forma, las ayudas de la Comunidad de Madrid beneficiarán a otros 25 que habían quedado fuera.

Podrán por tanto acceder a las ayudas más de 215.000 establecimientos o unidades productivas que emplean a más de 848.000 personas, entre los que destacan los bares, los restaurantes, comercios, taxistas, academias, peluquerías y salones de belleza o talleres, entre otros muchos sectores.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 1 de mayo y se podrán gestionar a través del portal web oficial de la Administración regional. El objetivo es que las ayudas puedan llegar a sus destinatarios a la mayor brevedad posible, concretamente antes de que finalice el mes de julio. No obstante, el sistema de intercambio de datos que ha fijado el Gobierno central impedirá que puedan tramitarse con agilidad.

El importe de las ayudas oscilará entre los 3.000 y los 200.000 euros, y para acceder a ellas los potenciales beneficiarios tendrán que cumplir los requisitos que ha fijado el estado en su Real Decreto Ley, como haber perdido más de un 30% de la facturación como consecuencia de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.