La recién constituida Plataforma de Afectados por la Pandemia COVID-19 ha presentado una denuncia ante la Sala del Tribunal Supremo de Justicia contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria”. El escrito, dirigido también contra los responsables del Gobierno implicados, subraya que las medidas tomadas “han supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país”.

La organización que ha presentado la denuncia se constituyó el pasado 22 de marzo. Presidida por Carmen Balfagón, exalto cargo del PP y vinculada posteriormente a Vox, ésta subraya que es totalmente independiente y que no militan en ningún partido político. En este sentido subraya que la plataforma nace con el objetivo de “apoyar y defender a todos los afectados por esta pandemia”. Igualmente incide en que “las autoridades gubernamentales no actuaron en consecuencia”.

“El primer caso confirmado de COVID-19 en España se conoció el 31 de enero 2020. Tras una evolución ascendente de personas infectadas, el 11 de febrero el ministro de Sanidad comunicó en nota de prensa posterior que el Sistema Nacional de Salud está preparado para hacer frente a la situación. Que la probabilidad de que suponga un riesgo para la población en nuestro país se considera bajo y que todas las medidas de vigilancia y control están puestas en marcha”, recuerdan.

Pero después de todo lo acaecido, y dada la situación actual, habiendo superado los 7.347 fallecidos, la plataforma quiere denunciar “la falta de responsabilidad y pésima gestión de nuestros políticos en esta crisis”. Llegados a este punto, la organización sostiene que los actuales dirigentes “nos ha abocado a una Sanidad desbordada y a unos profesionales, tanto sanitarios como de los cuerpos de Fuerzas y Seguridad, que se enfrentan cada día a las consecuencias de esta pandemia sin los medios necesarios para combatirla y sin los equipos de protección para no contagiarse”.

Otros de los aspectos que quiere destacar la asociación es “la de no poder ejercer el derecho que tiene todo individuo a una muerte digna; y a ser acompañado por sus seres queridos en esos momentos tan delicados, especialmente los colectivos más vulnerables a esta enfermedad”.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, consideran que Salvador Illa ha cometido un delito de salud pública por imprudencia grave. Argumentan dicha calificación jurídica al entender que el ministro no tomó “las mínimas medidas para asegurarse de que los productos sanitarios de detección del COVID-19 eran efectivos para el fin al que se dedicaban y cumplían los requisitos administrativos para su distribución entre los hospitales y centros de salud españoles”. Según la asociación, el socialista puso “en riesgo directo a profesionales sanitarios y pacientes”. Y es que según la Plataforma de Afectados por la Pandemia COVID-19, dicha gestión ocasionó falsos resultados negativos de COVID-19. “Han aumentado el contagio y la propagación del virus”, denuncian.

Desde la organización acusan también al Ministerio de Sanidad de provocar una situación de riesgo sobre toda al ciudadanía; especialmente sobre los profesionales sanitarios. Argumentan que la no adopción de “mínimas precauciones” a la hora de comprobar la validez de los tests contribuyó a la transmisión del virus.

“La devolución de los tests, una vez advertida su ineficacia, y el reemplazo por unos nuevos, ha originado un retraso letal en la lucha contra el coronavirus”, continúan denuncian. En esta línea lamentan que con dicha gestión se ha desabastecido a los centros sanitarios. “Debemos asumir que la administración siempre tiene la obligación de actuar de forma diligente y eficaz, sin ningún tipo de desidia”.

La plataforma pide al Tribunal Supremo que oficie al Ministerio de Sanidad requerimiento judicial para que remita lo antes posible el expediente completo. En el mismo piden incluir  memorias y antecedentes de la contratación de 659.000 kits de detección rápida a la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology; ya se hayan adquirido directamente o a través de un proveedor español.

Igualmente, exigen que se oficie al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria para que emita informe urgente del destino y la distribución de los tests defectuosos adquiridos el Ministerio de Sanidad; que se tome declaración ante el instructor al denunciado; que se tome declaración en calidad de varios testigos, directores generales del Ministerio de Sanidad.