La Comunidad de Madrid va a extender al recreo la prohibición del uso del móvil que ya tenía prevista dentro de las aulas. La medida, que afectará a 800.000 estudiantes de 1.700 centros públicos y concertados, entrará en vigor en el curso 2020-2021.

En el cambio de normativa que está realizando el equipo de Isabel Díaz Ayuso, inicialmente se dejaba a discreción de las direcciones de los colegios e institutos la ampliación de esta restricción al patio. Al final la limitación de los teléfonos será de obligado cumplimiento también durante el tiempo de descanso entre clase y clase, según confirman en la Consejería de Educación.

Desde el Gobierno regional destacan que esta iniciativa se enmarca en un “claro compromiso con el uso responsable de las nuevas tecnologías encaminado a la mejora de los resultados académicos de los alumnos, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el estudio, y la lucha contra el ciberacoso y el bullying“.

La prohibición del móvil deberá aplicarse “salvo en aquellos casos que esté expresamente previsto en el proyecto educativo y siempre con fines didácticos”. También se harán excepciones con los alumnos que los necesiten “por razones de salud o discapacidad”.

Cuando un estudiante incumpla dicha obligación, será el profesor o la dirección del centro quien decida qué medida correctiva se debe aplicar, que puede conllevar la incautación temporal del dispositivo. “La casuística es muy grande y así se preserva la autonomía docente”, argumentan en Educación, donde señalan que se dará la misma libertad de actuación en el caso de comportamientos reincidentes.

La medida se aplicará en todas las etapas de enseñanza no universitaria salvo de cero a tres años. Madrid será así la tercera autonomía después de Galicia y Castilla-La Mancha que limita el uso de móviles en los centros educativos.

Para regular la prohibición, el Ejecutivo autonómico incorporará una instrucción específica al respecto en el decreto que regula la convivencia en los centros docentes de la región. Hasta ahora, las direcciones de los colegios y los institutos tenían autonomía de gestión para limitar el uso del móvil como consideraran oportuno, pero no era obligatorio.

En la Consejería de Educación citan el estudio Seguridad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación -Inteco- y la empresa de telecomunicaciones Orange, según el cual el 88,6% de los encuestados admitía haber hecho fotografías con su teléfono y un 48,2% las enviaba a sus contactos. Además, el 11,5% había accedido a imágenes de peleas con personas del entorno.