La sección novena de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el “daño moral” que generó al Ayuntamiento de Las Rozas la decisión de la empresa Eventos Boulevard de no organizar los eventos taurinos de las Fiestas de San Miguel en 2015.

Este tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Móstoles, que falló a favor del Consistorio, al “no haber lugar” a dicho recurso, y pasa a confirmar “íntegramente” dicha resolución.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados establecen que el hecho de que esta empresa resolviera unilateralmente el contrato pese a haber resultado adjudicataria del concurso, responde a “mala fe”, ya que no dejó “margen de maniobra al Consistorio, que ya no tenía tiempo para formalizar un nuevo contrato”.

La Audiencia considera, en este sentido, que ello supuso “graves consecuencias para el Ayuntamiento y, fundamentalmente, para la población de Las Rozas, que vieron cómo se frustraba la celebración de sus Fiestas Patronales anuales”.

“En la sociedad española, el elemento esencial de toda feria y fiesta popular patronal -no sólo en los pueblos, sino también en las grandes ciudades- lo constituyen los espectáculos taurinos, tanto las corridas como los encierros por las calles de la población. No nos cabe duda alguna de que el hecho de verse privado de ello, supuso para los vecinos de Las Rozas, más que un mero contratiempo, la completa desnaturalización de sus fiestas anuales”, señala el Tribunal.

La sentencia confirma los “daños morales” y la indemnización de casi 50.000 euros que interpuso el juzgado de Móstoles y que debe abonar Eventos Boulevard al Consistorio. La empresa de espectáculos taurinos también debe abonar las costas.

Asimismo, insiste en que “la no celebración de los espectáculos taurinos fue para un gran número de los vecinos equiparable a la ausencia de las fiestas patronales, siendo imaginable el sentimiento de frustración en todos ellos y en el Ayuntamiento que los representa”.

“Para éste último, además, la cancelación de una parte tan importante de las actividades estivas, supuso el descrédito y la desconfianza a ojos de los ciudadanos, provocando un daño moral que también ha de ser resarcido”, establece.