La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, en una maniobra insólita, uno de los dos conocidos como decretos Maricarmen que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre, después de que el Pleno de la Cámara Baja, antes de la disolución de las Cortes, los tumbara.

Poco después de que este órgano, el único que sigue activo en el Congreso, aprobara con 35 votos a favor, y con el rechazo de PP, Vox y Junts, este decreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado desde la Asamblea de Madrid de que su Gobierno no aplicará «en su margen de competencias» este decreto.

La mandataria autonómica lo ha calificado de «bodrio» aprobado «atropelladamente» y ha asegurado que su Ejecutivo va a defender la propiedad y no va a aplicarlo. «Mientras sea legal, no lo vamos a cumplir», ha sentenciado.

«No vamos a ir, que les quede claro, ni contra la propiedad, ni a fomentar la ilegalidad, ni vamos a ir contra las personas que tienen una vivienda y no son culpables de tenerla», ha añadido durante una comparecencia en la Cámara de Vallecas.

El decreto incluye la prohibición temporal de los desahucios para personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, la prohibición de compra a los fondos buitres, la prórroga extraordinaria de dos años, la regulación del alquiler de temporada y préstamos al 0 % para el acceso a la primera vivienda, entre otras medidas.

Sin embargo, el decreto que preveía la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, y que no entraba en vigor hasta el 15 de noviembre, ha decaído pues el PNV aquí ha votado en contra de su convalidación.