El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido tomar cartas en el asunto ante la huelga educativa indefinida, que comenzó el pasado 14 de octubre y que califica como “salvaje” pues considera que ya está comprometiendo el derecho a la educación de los alumnos menores de edad.

Así, va a modificar la orden de servicios mínimos para garantizar la continuidad de la actividad lectiva. Entre otras cuestiones se va a reforzar la atención al alumnado de 2º de Bachillerato para evitar perjuicios a los estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) al final del curso.

El Consejo de Gobierno conoció este miércoles el informe que recoge las modificaciones previstas en la orden, concebidas para proteger el interés superior del menor y evitar que la prolongación de los paros comprometa la adquisición de los conocimientos y competencias necesarios para la evaluación, la promoción y la titulación. Todo ello, subraya el Ejecutivo regional, con pleno respeto al derecho de huelga.

El nuevo texto, que será presentado al Comité de Huelga y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), mantiene las dotaciones actuales en los colegios —un maestro por cada 50 escolares— y en los centros de Secundaria y de Formación Profesional de grado básico, donde se establece un profesor por cada 90 alumnos.

La principal novedad afecta a Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio y superior, así como a los cursos de especialización, que hasta ahora se regían por los mismos servicios mínimos que Secundaria. A partir de la modificación, estos niveles contarán con un docente por cada 70 estudiantes. La Comunidad pone el foco, especialmente, en segundo de Bachillerato, donde todos los profesores que impartan materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, deberán cubrir al menos la mitad de las horas lectivas semanales. Ese porcentaje se elevará progresivamente hasta alcanzar el 90% conforme se aproxime la fecha de los exámenes.

La orden contempla, además, un refuerzo específico en los cursos que culminan cada etapa educativa. Así, en sexto de Primaria, cuarto de la ESO y segundo curso de FP, tanto de grado básico como medio y superior, se incorporará un docente adicional por cada tres grupos. El documento también delimita las funciones que deberá desempeñar el personal designado para cubrir los servicios mínimos en cada jornada.

La nueva regulación precisa asimismo cómo deberán organizarse los centros cuando la dotación de profesores de servicios mínimos supere sus necesidades. En esos casos, los equipos directivos podrán redistribuir al personal para evitar duplicidades. Si el docente atiende a su grupo habitual, deberá impartir clase con normalidad y avanzar en la programación prevista. Cuando tenga que hacerse cargo de otros alumnos, garantizará una atención educativa básica y efectiva, que podrá incluir actividades de repaso, comprensión lectora, cálculo o razonamiento matemático. En ningún caso, sin embargo, esta cobertura podrá convertirse en una sustitución plena de los profesores que secunden la huelga.

El texto blinda también aquellas actuaciones académicas que no admiten demora. Los centros deberán contar con los servicios mínimos necesarios para celebrar las sesiones de evaluación, emitir calificaciones y adoptar decisiones sobre promoción y titulación, además de formalizar actas, atender reclamaciones y gestionar la documentación requerida para la PAU. La medida se extiende igualmente a las pruebas de acceso a los ciclos de Formación Profesional.

Planes de refuerzo, orientación y tutorías

Al margen de la modificación de los servicios mínimos, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ultima dos instrucciones que remitirá a los centros para hacer frente a las consecuencias académicas de los paros. El propósito es proporcionar herramientas a los equipos directivos para identificar las horas de clase perdidas, reorganizar la actividad docente y atender a los estudiantes que hayan podido resultar perjudicados. La segunda instrucción estará dirigida a preservar la neutralidad institucional y docente en los espacios educativos.

La primera de ellas establecerá actuaciones extraordinarias para que las direcciones puedan determinar con precisión qué actividad lectiva ha perdido cada grupo y en cada materia. A partir de ese diagnóstico, deberán reorganizar la enseñanza durante el tiempo que reste de curso con el fin de que los alumnos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos.

Las medidas tendrán carácter general, aunque prestarán especial atención a quienes cursen los últimos años de cada etapa y a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Entre las actuaciones contempladas figuran planes individuales de refuerzo para aquellos que acumulen mayores retrasos, la posibilidad de utilizar instalaciones escolares —como bibliotecas y aulas de informática— en el caso de quienes carezcan de medios adecuados en sus domicilios y un incremento de la dedicación a las tutorías y la orientación académica. Las familias recibirán información sobre estas iniciativas, cuya aplicación deberá respetar en todo momento el derecho de huelga.

Neutralidad política en los centros educativos

La segunda instrucción se dirigirá a las direcciones de área territorial, al Servicio de Inspección Educativa y a todos los centros docentes públicos. Su finalidad es reforzar el deber de neutralidad institucional y docente en el sistema educativo madrileño y evitar que las aulas se conviertan en espacios para la difusión de planteamientos ideológicos o cualquier forma de adoctrinamiento.

El documento, de obligado cumplimiento tanto para el personal docente como para el de administración y servicios, recuerda expresamente que no deben trasladarse a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas. Tampoco podrán exhibirse pancartas, carteles o símbolos de esa naturaleza en las fachadas, los pasillos y el resto de espacios frecuentados por los menores. La única excepción serán los tablones sindicales habilitados en todos los centros.

La responsabilidad de retirar cualquier elemento que contravenga estas instrucciones recaerá sobre las direcciones de los centros, que deberán comunicar las incidencias a la Administración educativa. Será la Inspección Educativa la encargada de valorar cada caso.