La Comunidad de Madrid mantiene su rechazo a la huelga de 61 bomberos forestales mientras la región combate el mayor incendio del año en la Sierra Oeste. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior confirman que Carlos Novillo no tiene intención de ceder ante el colectivo, al que acusa de utilizar una emergencia de interés nacional para presionar en plena crisis.

Los huelguistas son personal laboral público —no funcionario— de la Comunidad de Madrid, contratado bajo categorías como «Técnico de Mantenimiento» o «Conductor, Especialidad Apoyo a la Extinción de Incendios Forestales», pese a desempeñar funciones de extinción forestal desde hace años. Reclaman que su categoría laboral, ya reconocida por concurso público en 2023, disfrute de las mismas condiciones que otros cuerpos que sí han aprobado una oposición libre.

Esas condiciones existen en la práctica a un lado y otro del propio dispositivo de emergencias madrileño. El Cuerpo de Bomberos funcionarial —1.700 efectivos— trabaja todo el año con contrato estable y categoría de «bombero» reconocida por ley.

Los Agentes Forestales, un cuerpo distinto dedicado a la vigilancia y coordinación medioambiental, firmaron el pasado 16 de julio un acuerdo laboral hasta 2029 con subidas de complemento específico de hasta 5.031 euros anuales, ratificado por el Consejo de Gobierno en plena crisis de incendios. Los 61 de INFOMA, en cambio, siguen limitados a una campaña de seis a ocho meses, cuando más riesgo hay de incendios forestales.

Sobre esa comparación se sostiene el pulso actual. La Consejería sostiene que el sistema de asignación de destinos lleva funcionando 25 años y que los propios trabajadores lo aceptaron al firmar sus contratos para la campaña 2026. Insiste en que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes asignados, y que presentar la situación como falta de medios «supone alterar la realidad y generar alarma social» en un momento especialmente delicado.

El Gobierno regional ha anunciado que estudiará «todas las vías jurídicas y administrativas» contra el colectivo, al que sitúa en menos del 1% de un dispositivo global de más de 6.000 profesionales y voluntarios.

Novillo ha condicionado cualquier mesa de negociación a que el comité de huelga suspenda antes la movilización, algo que los representantes de los trabajadores han rechazado. Fuentes de la Consejería trasladan a este medio que, mientras no haya desconvocatoria, no hay margen para reabrir conversaciones, y que la Comunidad considera que ya ha planteado mejoras económicas dentro del marco legal vigente. El comité, por su parte, sostiene que acudió a la última reunión sin ninguna propuesta nueva sobre la mesa.

El resultado es un choque frontal en pleno despliegue del Plan INFOMA: mientras el fuego avanza por la sierra, ninguna de las dos partes ha movido su posición en los últimos días, y la Consejería descarta abrir vías de diálogo mientras dure la huelga.