La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica.

La Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo; al de Collado Villalba, Agustín Juárez; al de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.

Asimismo, condena a prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados –no ha sido juzgado en esta pieza–, y al que le la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión.

Cabe recordar que la trama Púnica fue una de las mayores investigaciones por corrupción política y empresarial en España. El caso salió a la luz en octubre de 2014, tras una amplia operación de la Guardia Civil, que culminó con decenas de detenciones y registros en varias comunidades autónomas.

La investigación judicial reveló la existencia de una red organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos, principalmente relacionados con servicios energéticos, eficiencia energética, informática, reputación online y comunicación institucional. Estos contratos eran concedidos desde ayuntamientos y administraciones regionales, sobre todo en la Comunidad de Madrid.

Uno de los principales implicados fue Francisco Granados, exsecretario general del Partido Popular de Madrid y exconsejero autonómico, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

Según la instrucción, Granados y otros cargos públicos habrían utilizado su posición para favorecer a determinadas empresas a cambio de pagos encubiertos, canalizados mediante sociedades interpuestas y cuentas en el extranjero.

El caso fue instruido en la Audiencia Nacional, fragmentándose en múltiples piezas separadas debido a su complejidad y al elevado número de investigados. A lo largo de los años, la causa salpicó a alcaldes, concejales, empresarios y altos cargos, generando un fuerte impacto político y mediático, y alimentando el debate público sobre la corrupción institucional en España.