El Gobierno central ya ha iniciado los trámites para repartir a los menores extranjeros no acompañados (menas) que se encontraban en Canarias y Ceuta en base al Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de agosto y que está recurrido por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional, así como sus dos decretos de desarrollo ante el Tribunal Supremo.

De hecho, la región ya ha recibido a 13 de esos menores en base a ese reparto forzoso así como 124 expedientes de traslado. De estos últimos, un 30% aproximadamente corresponde a personas que son mayores de edad, o a chavales que ya tienen trabajo o vínculos familiares en otras regiones, “con lo cual, ya tienen un arraigo”, denuncian desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

“Incluso nos están llegando expedientes de otras comunidades autónomas a las que no se iba a hacer el traslado a la Comunidad de Madrid; de hecho el traslado procedía a otra comunidad autónoma”, lamentó este martes la consejera Ana Dávila en un encuentro con periodistas. “En fin, un caos que no deja de ser pues un atropello a esos menores”. El año pasado la región atendió a 2.442 de estos menores y en lo que llevamos de 2025, a más de 1.500, señalan fuentes de este departamento.

Según subrayó la consejera, lo que “tiene” que hacer el Gobierno es “empezar a poner medidas” para evitar esta situación de llegada masiva que no provoca más que “un riesgo extremo en el sistema de protección de menores de todas las regiones”.

El criterio que fijó el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar es que cada región debe cumplir un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como es el caso de Canarias y Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, para que las personas que permanecen en sus territorios sean trasladadas a otros, con la excepción de Cataluña y País Vasco, que se vieron excluidas de este reparto forzoso.

El Gobierno logró desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obliga a que las comunidades tengan que acoger obligatoriamente a los menores después de meses de negociaciones bilaterales con Junts. El partido de Carles Puigdemont vendió ese acuerdo como una victoria política subrayando que a Cataluña llegarían en torno a 20 o 30 niños y jóvenes mientras que Madrid tendría que hacerse cargo de alrededor de 700. Las comunidades del PP, así como Castilla-La Mancha recurrieron el Real Decreto.

Se da la circunstancia, además, de que Madrid ha solicitado en lo que va de año un total de 56 repatriaciones de menores extranjeros no acompañados al Gobierno central, pero hasta la fecha ninguna se ha resuelto: el Ejecutivo “no ha contestado”, señaló este martes Dávila. De abril a septiembre se enviaron 37 y desde septiembre hasta la fecha los 19 restantes.