La alcaldesa Paloma Tejero ha sorprendido a propios y extraños al rechazar las alegaciones y el recurso de reposición presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contra el cese provisional del CREADE de Pozuelo de Alarcón.

Con esta decisión, lo que era un cierre temporal se convierte en definitivo.

Y, por primera vez, la alcaldesa se ha comportado como lo que Pozuelo necesita, una dirigente que defiende la legalidad y a sus vecinos en lugar de vendernos sus caprichos o sus sueños de grandeza política.

Conviene recordar que el CREADE nació en 2022 como un recurso de emergencia para atender a desplazados por la guerra de Ucrania. Nadie cuestionó entonces su utilidad ni su carácter humanitario. Pero pronto el Gobierno de Sánchez, en su estilo habitual de imponer sin dialogar, lo transformó en un almacén improvisado de solicitantes de asilo de cualquier procedencia.

Y lo que debía ser un centro con 150 plazas de uso temporal, Sánchez lo convirtió en una instalación con más de 560 residentes y con la intención de enviar allí incluso a 400 menores inmigrantes no acompañados (MENAs) para castigar a Ayuso y a la ciudad. Lo hemos contado muchas veces en El Correo de Pozuelo.

El Gobierno de Pozuelo, que al principio se mostró dubitativo y acomplejado, inició en julio un procedimiento de cierre porque el centro carece de licencia adecuada.

La licencia que existe, de 2013, es para un centro de formación con auditorio y garaje. Nada que ver con un macroalojamiento migratorio.

Frente a esta evidencia, se planteó un cierre provisional ante el que el Gobierno de Sánchez presentó alegaciones y después un recurso de reposición.

Lo que pretendía Sánchez no era defender la legalidad, sino estirar el pulso político, señalar a Pozuelo como “insolidario” y castigarlo por no someterse a sus caprichos.

Y ahí está la novedad de ahora. Esta vez, Paloma Tejero no ha cedido. Ha dicho no. Ha mantenido la firmeza que tantas veces le hemos echado en falta.

Ha rechazado los argumentos del Gobierno Sanchista que pretendía humillar a Pozuelo y ha convertido el cese provisional en cierre definitivo.

Al mismo tiempo, la alcaldesa Tejero da cuatro meses de plazo para que se reubique a las personas que residen allí, el doble de lo habitual, demostrando que no se trata de insolidaridad sino de respeto y humanidad.

Eso sí: el centro no podrá acoger nuevos residentes y cualquier incumplimiento supondrá el cierre inmediato.

Por fin, la alcaldesa se ha puesto del lado de esta ciudad y no del lado de sus propias ocurrencias.

Ojalá hubiese mostrado esta misma determinación en otros asuntos, como la desastrosa Tasa de Basuras o tantas chuminadas que han ocupado su agenda desde que llegó a la alcaldía.

Pero al menos ahora ha demostrado que, cuando quiere, sabe plantarse ante la injusticia y ejercer el cargo que Pozuelo esperaba de ella.

El sanchismo, una vez más, ha quedado retratado. Lo que Sánchez pretendía con este recurso no era defender a nadie, sino vengarse de un municipio que le resulta incómodo.

Pozuelo ha cumplido con su deber de solidaridad, pero se ha negado a ser utilizado como campo de pruebas de una política migratoria improvisada. Y al final, el Ayuntamiento, respaldado por la Comunidad de Madrid, ha ganado el pulso. Por ahora.

Se espera que el Gobierno de Sánchez recurra a los tribunales. Es igual. A los tribunales también se debe ir.

Lo importante hoy es que la alcaldesa de Paloma Tejero ha tomado una decisión en defensa de Pozuelo.

Una decisión seria, responsable y firme. Algo que muchos creíamos imposible tras tantos meses de gestos vacíos y desconexión con los vecinos.

Quizá sea el principio de una nueva etapa. Quizá no. Pero lo cierto es que, con este cierre definitivo del CREADE, la alcaldesa ha dado un paso al frente.

Y Pozuelo lo necesitaba.

Juan Manuel Sánchez