La Comunidad de Madrid ha recurrido la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de apartar al magistrado José María Macías de todas las deliberaciones sobre la Ley de Amnistía. Según han expresado, su ausencia “expulsa a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala”.

Hay que recordar que la corte de garantías tomó esta decisión al considerar que, en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se había pronunciado en dos ocasiones en  textos con “valor institucional” sobre la citada ley, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones. Por lo que afectaba a su imparcialidad al haber manifestado ya su criterio jurídico sobre este asunto.

El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha relatado durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Cámara que esta decisión de presentar un recurso parte de que esa recusación es “irregular y arbitraria” al no respeta procedimiento alguno y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, “apartándose del criterio previo de este mismo Tribunal Constitucional”. Desde su punto de vista, se trata de “expulsar a los vocales que no están dispuestos a asumir una trágala”. “Una nueva arbitrariedad del ministro 24 del Gobierno de Sánchez: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido”.

El Ejecutivo autonómico presentó el septiembre del año pasado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso a la Ley de Amnistía en su totalidad. Lo hizo, tal y como explicó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes”. Díaz Ayuso también avanzó la recusación de tres magistrados del tribunal –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez- por su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, partido que presentó el texto, “lo que le inhabilita para enjuiciar” su constitucionalidad.

Del mismo modo, el consejero de Justicia ha anunciado que el Gobierno regional ha presentado un texto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.