El Gobierno admite que no conoce el paradero de los inmigrantes que llegan a nuestro país ni los tiene identificados. El Ejecutivo alega que «dado que entrar irregularmente en España no es un delito, los inmigrantes en situación irregular gozan de las libertades públicas que garantiza el artículo 13 de la Constitución Española, y no tienen que dar cuenta de su paradero al Ministerio del Interior».

Así lo traslada el Gobierno por escrito en el Congreso de los Diputados a preguntas de Vox. La formación de Santiago Abascal requería saber si «han sido identificados todos los inmigrantes ilegales que han llegado a nuestro país», si «posee el Gobierno una base de datos en la que conste la identificación de todos los inmigrantes ilegales» y «si va a adoptar alguna medida efectiva para controlar estas entradas».

En su respuesta, el Gobierno resuelve que «las personas migrantes que entran irregularmente en España, una vez son identificadas, se les otorga un número de identidad de extranjero (NIE), quedando registradas en el fichero ADEXTTRA (Registro Central de Extranjeros) y notificándoles su situación administrativa en España».

«En un plazo máximo de 72 horas, pasan a depender del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, junto con las autoridades autonómicas y las organizaciones no gubernamentales convenidas, les ofrecen los distintos recursos de la red de acogida que han articulado al efecto. No obstante lo anterior, cabe señalar que los migrantes no están detenidos, por lo que son libres de rechazar la acogida que se les ofrece. Además, si no tienen una orden judicial de búsqueda y captura, no están en condición de fugados», añade el Gobierno en su respuesta.

Récord de llegadas

En la misma, reconoce también que «desde el verano de 2023 se ha producido un incremento en el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias».

En 2023, Canarias rompió todos los récords de inmigración ilegal llegada a sus costas. El contador se quedó a apenas 90 llegadas de superar la barrera de las 40.000, una cifra nunca antes alcanzada desde que hay registros. La tendencia de llegadas de este año amenaza incluso con duplicar ese dato.

Ante esta emergencia, el Gobierno trasladó a los inmigrantes a distintos puntos de la Península, aunque sin la debida coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, encargados de facilitarles la asistencia. Ese reparto provocó el malestar entre las regiones gobernadas por el PP, por la falta de comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Reparto de menas

Ahora, la inmigración se sitúa de nuevo en el primer foco ante el reparto y acogida obligatorio de los inmigrantes menores no acompañados, los conocidos como menas.

El Gobierno plantea un sistema en el que las comunidades autónomas estén obligadas a una cuota de acogida de estos inmigrantes. El grupo de Junts en el Congreso ya ha manifestado su rechazo y pretende incorporar una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para evitar que Cataluña sea incluida en este mecanismo.

Los socios de Sánchez alegan que el partido ya negocia con el Ejecutivo la cesión a la comunidad autónoma de las competencias en materia de inmigración, según pactó con el presidente socialista.

(Gentileza de OkDiario-Luz Sela)