El Tribunal Supremo confirma la condena de dos años de cárcel para Patricia Alicia González Arribas, una madre de la asociación Infancia Libre por un delito de sustracción de menores, al buscar alejar a su hija menor de edad de toda relación con el padre.

En 2017 la acusada, con ánimo de alejar a la menor del padre, se llevó a la menor del domicilio en el que residían, manteniéndola oculta durante casi dos años en la localidad madrileña de La Cabrera y sin escolarizar, pasa así evitar que fuera localizada.

La hija de Patricia Alicia González y Daniel I. nació en 2008, tres años antes de que el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Madrid dictara sentencia firme de divorcio de mutuo acuerdo entre la acusada y su exmarido, acordando la custodia compartida entre los progenitores, «estableciendo un régimen de visitas de la menor con el padre, de fines de semana alternos con pernocta y periodos vacacionales por mitad».

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Desde el mes de octubre de 2017 y hasta el 11 de mayo de 2019, la madre mantuvo a la menor «totalmente apartada de su ámbito familiar y de su entorno, sin tener ningún tipo de contacto ni relación con su padre«, a pesar del acuerdo al que se llegó.

Un día más tarde de ser hallada la menor, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid dictó auto por el que prohibía a la acusada comunicarse o acercarse a la menor «hasta que no recayera resolución firme que pusiera fin al presente procedimiento».

Este viernes, tras haber visto el recurso interpuesto por la madre, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de Patricia González por un delito de sustracción de menores, según el escrito al que ha tenido acceso ABC.

Entramado criminal organizado

Patricia González formaba parte de Infancia Libre, una organización que, disfrazada de ONG, se dedicaba a denunciar en falso a los ex de sus integrantes por abusos sexuales para arrebatarles la custodia o el régimen de visitas.

Una vez no lo conseguían, vulneraban el derecho del padre a ver a sus hijos, contradiciendo las resoluciones judiciales. El primer caso fue el de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses por sustracción de menores, pero que el Gobierno le concedió el indulto parcial.

Sevilla tenía a su hijo «secuestrado» en unan finca a las afueras de Villar de Cañas, no lo dejaba salir del lugar, solo lo permitía 20 minutos al día cuando caía el sol, y siempre dentro del solar que rodeaba la vivienda. No estaba escolarizado y se encontraba abducido por las obsesiones religiosas de su madre.