Madrid puede ver supeditada hasta un 40 por ciento del agua que demanda la región a una autorización que debe pedir mensualmente al Gobierno central, según el Real Decreto que aprueba el nuevo Plan Hidrológico de, entre otras, la cuenca del Tajo. Así lo denuncia el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y los responsables del Canal de Isabel II, organismo público que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la norma.

Los expertos jurídicos del Canal consideran que la norma puede ser ilegal e incluso inconstitucional. Concretamente, denuncian que la autorización mensual para poder trasvasar agua desde el río Alberche al embalse de Valmayor -regulada por una concesión administrativa que está en vigor hasta el año 2061- «sólo se prevé para Madrid», lo que consideran «discriminatorio».

Además, les supone un enorme problema porque genera «incertidumbre: no sabes qué criterios van a aplicar para darte esa autorización o denegártela». Y esa incertidumbre además supone «someternos a un bloqueo de la planificación», que en el Canal se precian de realizar a muy largo plazo para garantizar el abastecimiento de la población madrileña.

Son 174 municipios y más de seis millones y medio de personas los que beben del agua del Canal en Madrid. Para garantizar su abastecimiento, se dispone de 13 embalses, captaciones de agua de las cuencas del Alberche, el Sorbe y el Tajo, y casi 18.000 kilómetros de tuberías, en un sistema que es una enorme malla donde todo está conectado.

La concesión en vigor permite el trasvase anual de hasta 220 hectómetros cúbicos de agua del Alberche, lo que supone casi un 40 por ciento de la demanda anual en la región. Eso no significa que se utilicen todas; depende de las circunstancias, las precipitaciones, el consumo, etc. Pero al exigírseles ahora que cuenten con una autorización oficial para hacerlo, y tener que renovar esta cada mes, la capacidad de maniobra del Canal se ve significativamente reducida. Y además, denuncian, desconocen los criterios por los que dicha autorización se daría o no.

Por otro lado, el Plan Hidrológico del Tajo nuevo regula también los caudales ecológicos -los que se desaguan a los ríos para que se conserven los ecosistemas en los cauces-. Pero lo hace, dice Madrid, aumentando en casi un 30 por ciento el agua que hay que desaguar y obligando a hacerlo de forma permanente, cuando «en Madrid, muchos ríos tienen un carácter estacional, y en verano el agua prácticamente deja de circular por ellos».

Un último punto de fricción entre la administración madrileña y el Gobierno central en este asunto es la relativa a la depuración de las aguas. Los cambios introducidos en el plan elimina la posibilidad de que se adapten los requisitos de depuración y saneamiento a las singularidades de algunas masas de agua. En el caso de Madrid, recuerdan en el Canal de Isabel II que prácticamente el 80 por ciento de la población que vive en la demarcación del Tajo lo hace en la Comunidad de Madrid. Un cambio ahora en los requisitos de depuración le restan eficacia a los cambios en infraestructuras que se estaban llevando a cabo, con una inversión de casi 55 millones de euros, y que ahora no serían suficientes para los nuevos requisitos exigidos.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, asegura que con este nuevo Plan Hidrológico «han creado un problema donde no lo había», y se produce una discriminación hacia la región. Se teme que «no va a haber piedad para Madrid».

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica salían el lunes al paso de estas críticas, señalando que el Plan Hidrológico del Tajo aprobado en enero «no modifica el volumen concesional existente para el abastecimiento a las poblaciones de la Comunidad de Madrid adscritas al Canal de Isabel II (CYII), ni afecta a la garantía del mismo». Niega arbitrariedad en la implantación de los caudales ecológicos, y en lo relativo a la depuración de aguas, recuerda que tienen de plazo hasta 2027 para adaptarse a las nuevas exigencias.