El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha enviado una carta formal al Gobierno de España en la que reclama información sobre el proyecto de aprobar una ley de amnistía. La gestión puede considerarse como un extraordinario toque de atención de alto voltaje al Ejecutivo en funciones. Reynders se refiere a las «serias preocupaciones» que suscitan los planes del presidente Pedro Sánchez de aprobar una ley de amnistía.

La carta del comisario se produce después de las que le han dirigido desde el Parlamento Europeo tanto los portavoces del Partido Popular como de Ciudadanos. Además, según fuentes de la Comisión, el departamento de Justicia ha recibido «una cantidad excepcional» de cartas procedentes de ciudadanos españoles anónimos que querían hacer partícipe al Ejecutivo comunitario de sus preocupaciones.

El hecho de que, al contrario de la práctica tradicional, un miembro de la Comisión se haya sentido obligado a dirigirse a un Gobierno acerca de una ley que todavía no existe, da la medida de la preocupación con el que este asunto se ha seguido desde Bruselas.

«Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista», ha escrito Reynders en una carta dirigida a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, y a la que ha tenido hoy acceso ABC.

«Expresamos serias preocupaciones en relación con la posible aprobación de una ley de amnistía. Si bien por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y se han puesto en contacto con la Comisión al respecto un gran número de ciudadanos. Por lo tanto, le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista. La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de derecho», señala Reynders en su misiva, en la que ahonda en otros aspectos que preocupan a la Comisión, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«La situación del CGPJ es una cuestión que suscita serias preocupaciones desde hace tiempo y para la que la Comisión ha pedido soluciones en múltiples ocasiones. En primer lugar, no ha habido avances en su renovación a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros a los estándares europeos. La Comisión debe reiterar su apelación a todas las partes involucradas a implementar las recomendaciones formuladas en los Informes sobre Estado de Derecho de 2022 y 2023. Por ello, tras las elecciones parlamentarias en España, me dirijo a usted para insistir en la necesidad de priorizar la situación del Consejo del Poder Judicial y abordarla sin demora».

Entre los ciudadanos a los que se refiere Reynders que habrían preguntado a la Comisión por la amnistía está el grupo de 300 juristas que envió una carta a las instituciones europeas señalando el peligro de la ley para el Estado de Derecho. «Le envío esta declaración contra la amnistía a los políticos independentistas condenados por sedición durante el más grave ataque al sistema constitucional español desde 1981. Una amnistía que está empezando a ser negociada por el Gobierno de España con la minoría independentista a cambio de los votos necesarios para que puedan renovar el actual Ejecutivo», resumía Teresa Freixes, presidenta de ‘Citizens Pro Europe’.

(Gentileza de ABC-Enrique Serbeto)