Duro golpe para el PSOE valenciano a menos de medio año de que se celebren las elecciones autonómicas en esta Comunidad. La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas promocionales que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, con Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista, fue abonada con cerca de medio millón de euros en «B» procedentes de comisiones pagadas por empresario de la construcción Jaime María Febrer.

Parte de esos pagos supuestamente ilícitos fue abonada por la constructora manchega Gigante, al parecer con fondos del constructor valenciano Jaime María Febrer, pero también a través del grupo Gimeno -cuyo propietario ya fue condenado en el marco del caso Gürtel por una operativa similar, pero con el PP como beneficiario- y Acciona, supuestamente como consecuencia de la adjudicación de la obra de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el marco del caso Azud que instruye un juzgado valenciano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalla varios pagos que se canalizaron a través de empresas del Grupo Gimeno, como Sitra o Facsa (cerca de 180.000 euros) y también de Construcciones Luján (120.000 euros) para abonar a diversas firmas de publicidad y comunicación la confección de gorras, camisetas, mochilas o lápices, entre otros objetos.

El sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes, contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con Febrer, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales. Según han informado a EFE fuentes del caso, la UCO ha podido realizar estas averiguaciones a partir de los documentos que se incautaron al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña (imputado en esta causa) en su domicilio.

En la pieza principal se encuentran investigados el exvicealcalde de Valencia con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil, empresarios y el propio Pepe Cataluña.

Pagos de publicidad y posibles sobornos

El sumario de este caso señala que las empresas del Grupo Axis, del empresario Jaime María Febrer, abonaron a la constructora manchega Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad con la verdadera intención de sacar esos fondos del circuito legal y destinarlos al pago de sobornos.

Con parte de esos fondos, añade el citado auto, Gigante efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total 484.480 euros (a Metrofilms, Industrias Gráficas Valencianas, Key, Publiexpress y Cronosport), firmas todas ellas que se dedicaban a la publicidad y que trabajaron para el PSPV-PSOE. Según detalló la instructora del caso en un reciente auto, Febrer mantenía numerosas reuniones con Pepe Cataluña en las que supuestamente abordaban cuáles debían ser las funciones que tenía que hacer Gigante para pagar, con fondos del Grupo Axis, gastos de publicidad en las campañas del PSPV.

El PSPV-PSOE también abonó en 2007 una parte de la campaña electoral de Unió Valenciana, según señaló el representante de Key, en concreto acciones para la campaña electoral (buzoneo) por 102.080 euros a través de Gigante por indicación de Paco Martínez, exgerente del PSPV-PSOE.